* Al 31 de mayo, sólo se ha aplicado el 18% de lo etiquetado en el PEF; Mazatlán, entre las regiones con mayores problemas.
El retraso en la aplicación del recurso federal para obra pública, está afectando a la economía general del país, pues a pesar de que la industria de la construcción incide en muchas cadenas productivas, a nivel nacional, al cierre de mayo, registra ya un decremento del 1.2 por ciento, con una baja del 2.5 por ciento en los niveles de empleo, y esto repercute ya de manera considerable en Mazatlán.
El Ing. Eleuterio Silva Trujillo, presidente de la CMIC Sinaloa Sur, señaló que aquí, como en todo el país, la única Secretaría que está aplicando recursos en la obra pública es la de Comunicaciones y Transportes, con licitaciones y obras por invitación directa o restringida.
De hecho, comentó, aunque el promedio general de aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación en todas las instituciones que tienen recursos etiquetados para ello, es de apenas un 18 por ciento, en el caso de la SCT el promedio es del 45 puntos porcentuales.
Eso significa, indicó, que al 31 de mayo, la aplicación del presupuesto se encuentra por debajo de los 17 mil 800 millones de pesos, de los 381 mil millones etiquetados para obra pública en las diferentes Secretarías y Direcciones, de acuerdo a los datos de la CMIC Nacional.
Silva Trujillo recordó que esto repercute en toda la economía, dada la injerencia de la industria de la construcción en 3 de cada 4 actividades comerciales y de servicios, por lo que en el sur de Sinaloa podemos hablar de una constricción importante en la actividad pues son pocas las empresas que trabajaban tanto en la obra pública como privada.
Por ello, confió que en que las cosas mejoren el segundo semestre del año, pues esperan que para entonces la autoridad federal haya culminado el proceso de control para evitar los malos manejos que aseguran existían.
Por lo pronto, coincidió con su dirigente nacional, Eduardo Ramírez Leal, en el sentido de que en el caso de la SCT ha sido un buen ejemplo y no se tienen denuncias de la exigencia de “moches”.
También confió en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconsidere su postura en relación a la infraestructura educativa, toda vez que ya anunció que el mantenimiento y construcción estará a cargo de padres de familia y directivos de los planteles educativos, lo que además de generar problemas a micro y pequeñas empresas que se han especializado en esa actividad, no garantizan la calidad de la obra que se realice, ni la correcta aplicación de los recursos.
